Patrimonio cultural inmaterial: definición, protección y alcance

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El patrimonio cultural inmaterial está mucho más cerca de nuestro día a día de lo que solemos pensar. No son solo fiestas populares o tradiciones pintorescas para turistas: hablamos de saberes, formas de hablar, ritos, músicas, técnicas artesanas y maneras de relacionarnos que hemos heredado y que seguimos transformando mientras las practicamos. Cada comunidad, desde un pequeño pueblo hasta un gran país, va dejando en ese patrimonio una huella viva de su historia.

En las últimas décadas este concepto ha dado un giro enorme, sobre todo gracias al impulso de la UNESCO y de los marcos jurídicos internacionales y nacionales. Lo que antes se entendía como folclore, casi como algo menor y pintoresco, hoy se reconoce como un componente clave de la diversidad cultural, la cohesión social y los derechos culturales. Y todo ello ha desembocado en convenciones, leyes, listas internacionales y políticas públicas específicas para salvaguardar este legado vivo.

Qué es exactamente el patrimonio cultural inmaterial

El contenido del concepto de patrimonio cultural se ha ensanchado muchísimo a lo largo del último siglo. Se ha pasado de fijarse casi exclusivamente en monumentos, edificios históricos y colecciones de objetos a incluir también todo un universo de prácticas, expresiones y conocimientos vivos que forman parte de la identidad de los pueblos.

La Convención de 2003 para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO define el patrimonio inmaterial como el conjunto de prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y habilidades -y también los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales asociados- que las comunidades, grupos e incluso individuos reconocen como parte de su legado cultural. Este patrimonio se transmite de generación en generación, se recrea continuamente en función del entorno, de la relación con la naturaleza y de la historia, y aporta un sentido de identidad y continuidad.

Este patrimonio no se limita a una sola forma de expresión. Incluye, entre otros ámbitos, las tradiciones y expresiones orales (incluido el idioma), las artes del espectáculo (música, danza, teatro tradicional), los usos sociales, rituales y actos festivos, los conocimientos y prácticas sobre la naturaleza y el universo, y las técnicas artesanales tradicionales. Todo ello configura un auténtico “saber vivir” colectivo que va mucho más allá de un simple objeto o monumento aislado.

Pese a su aparente fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial es un pilar esencial de la diversidad cultural frente a una globalización que tiende a homogeneizar costumbres, lenguas y formas de vida. Conocer y respetar las manifestaciones inmateriales de otras comunidades favorece el diálogo intercultural y el respeto hacia modos de vida distintos, al tiempo que potencia la creatividad humana.

Rasgos fundamentales del patrimonio cultural inmaterial

Una de las grandes aportaciones del enfoque actual es reconocer que el patrimonio cultural inmaterial es a la vez tradicional, contemporáneo y viviente. No hablamos solo de costumbres antiguas: también forman parte de este patrimonio prácticas actuales, tanto rurales como urbanas, que caracterizan a distintos grupos culturales y que siguen evolucionando hoy.

Otro rasgo clave es su carácter integrador y compartido. Es posible que distintas comunidades, incluso muy alejadas entre sí, tengan expresiones muy parecidas: fiestas similares, músicas con parentescos, técnicas artesanas relacionadas o rituales emparentados. Tanto si una tradición procede del pueblo de al lado como si ha sido llevada por migraciones desde la otra punta del mundo, mientras se transmita de generación en generación y genere sentimientos de identidad y continuidad, forma parte del patrimonio cultural inmaterial.

El patrimonio inmaterial es también profundamente representativo. No se valora por su carácter exclusivo o por ser algo excepcional comparado con otros bienes culturales, sino porque florece en el seno de comunidades concretas y depende de quienes conservan y transmiten las tradiciones, técnicas y costumbres al resto del grupo o incluso a otras comunidades.

Además, está basado en la comunidad. Un elemento solo puede considerarse patrimonio cultural inmaterial si las propias comunidades, grupos o personas que lo crean, mantienen y transmiten lo reconocen como tal. Sin ese reconocimiento, ninguna institución puede decidir por su cuenta que una determinada práctica o expresión forma parte del patrimonio de un colectivo.

Desde este enfoque, lo verdaderamente decisivo no es tanto la forma externa de la manifestación cultural, sino el conjunto de conocimientos, técnicas, valores y significados que se transmiten con ella. Ese caudal intangible tiene implicaciones sociales y económicas de primer orden, tanto para grupos minoritarios como mayoritarios, y es relevante tanto en países en desarrollo como en contextos altamente industrializados.

La Convención de 2003 y el sistema internacional de protección

El gran punto de inflexión llega con la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en 2003 y en vigor desde 2006. Esta Convención reconoce de forma sistemática que el patrimonio inmaterial es la raíz de la diversidad cultural y una garantía para mantener viva la creatividad humana.

Entre sus objetivos fundamentales se encuentran la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, el respeto hacia estas manifestaciones por parte de comunidades, grupos e individuos, el aumento de la sensibilización a nivel local, nacional e internacional y el fomento del reconocimiento mutuo y la cooperación entre países en este terreno.

Para ello, la Convención establece dos grandes listas internacionales. Por un lado está la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, destinada a recoger las expresiones que ilustran la diversidad del patrimonio inmaterial y favorecen una mayor conciencia de su importancia. Es, en cierto modo, el equivalente inmaterial a la Lista del Patrimonio Mundial de sitios naturales y culturales.

Por otro lado, se crea la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial que requiere Medidas Urgentes de Salvaguardia. En ella se inscriben aquellos elementos cuya viabilidad está seriamente amenazada y que, según las comunidades y los Estados, necesitan una intervención rápida para garantizar su transmisión. Esta lista permite movilizar cooperación y asistencia internacional para que los actores implicados puedan diseñar y aplicar medidas de salvaguardia adecuadas.

Además de las listas, la Convención prevé un registro de programas, proyectos y actividades considerados como buenas prácticas de salvaguardia. Estos ejemplos, seleccionados periódicamente, sirven como referencia para otros Estados y comunidades, y representan un escaparate de iniciativas innovadoras y eficaces para proteger el patrimonio inmaterial.

Un largo camino: de la cultura popular al patrimonio inmaterial

El reconocimiento jurídico del patrimonio inmaterial no surgió de la nada. Durante buena parte del siglo XX, aunque la legislación se centraba sobre todo en bienes materiales, en el ámbito académico ya se venía gestando un profundo interés por las formas de expresión de la cultura tradicional. La etnología, la antropología social y los estudios de folclore impulsaron ese cambio de mirada.

En España, por ejemplo, investigadores como Antonio Machado Álvarez sentaron las bases modernas del estudio del folclore, promoviendo desde el siglo XIX la recopilación y análisis de tradiciones populares. Aun así, el salto desde la investigación científica a la protección jurídica específica del patrimonio inmaterial tardaría varias décadas en consolidarse.

A nivel internacional, la Convención de 1972 sobre Patrimonio Mundial, Cultural y Natural dejó prácticamente en la sombra estas manifestaciones intangibles, al centrarse casi por completo en la cultura material. Esa carencia fue el detonante de una cadena de reuniones y declaraciones posteriores, dirigidas a dar visibilidad y valor normativo a las creaciones sociales y comunitarias inmateriales.

Conferencias como la de Accra (1975), centrada en el ámbito africano, la de Bogotá (1978) o la Intergubernamental sobre políticas culturales en México (1982) insistieron en la importancia de las lenguas, la tradición oral, las artes tradicionales y populares y otros elementos vinculados a la identidad de los pueblos.

Un hito importante fue la Recomendación sobre la Salvaguardia de la Cultura Tradicional y Popular aprobada en París en 1989, que habla de “cultura tradicional y popular” (folclore) e incorpora a este concepto elementos como el idioma, la literatura, la música, la danza, los juegos, la mitología, los rituales, las costumbres, la artesanía, la arquitectura y otras artes.

Del “folclore” al patrimonio cultural inmaterial

Con el tiempo, el propio término “folclore” empezó a considerarse problemático por su connotación peyorativa y algo reduccionista. Diversos seminarios en los años noventa -como el celebrado en Washington en 1999- cuestionaron su uso y exploraron alternativas como “patrimonio oral”, “patrimonio intangible” o “conocimientos y destrezas tradicionales”.

Algunas reuniones, como un seminario en Nueva Caledonia también en 1999, llegaron incluso a rechazar abiertamente el término folclore. El giro terminológico se consolidó en torno a la expresión “patrimonio cultural inmaterial”, que aparece de forma clara en un informe del Director General de la UNESCO de 2001 y en una declaración adoptada en Estambul en 2002.

Este cambio no fue solo cuestión de palabras. El patrimonio cultural inmaterial se concibe como una categoría más amplia e inclusiva que integra las expresiones folclóricas, pero no se limita a ellas. Tiene una clara dimensión de derechos humanos, inclusión y diversidad cultural, superando visiones rígidas sobre “lo auténtico” o “lo típico”.

En algunos contextos, como el colombiano, la distinción entre PCI y folclore aún genera confusión, y en muchos inventarios tiende a igualarse patrimonio inmaterial con folclore. Sin embargo, el enfoque actual subraya que el PCI abarca múltiples campos enunciativos y sirve como herramienta para visibilizar y proteger la pluralidad cultural, más allá de la imagen homogénea de un “pueblo” único.

Otra diferencia relevante con disciplinas afines es la que separa el PCI de la historia oral. Mientras esta última se centra en registrar y preservar información histórica basada en testimonios personales, el PCI busca mantener los procesos vivos de transmisión de tradiciones y conocimientos compartidos dentro de una comunidad, asegurando que sigan practicándose y transformándose.

El papel de la UNESCO, sus listas y los criterios de inscripción

Para dar visibilidad al patrimonio cultural inmaterial y favorecer su salvaguardia, la UNESCO ha desarrollado un sistema de listas y registros. Antes de la Convención de 2003, se proclamaron las Obras Maestras del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, con un primer grupo de 19 elementos en 2001, seguido por nuevas proclamaciones en 2003 y 2005 hasta llegar a 90 elementos.

Con la entrada en vigor de la Convención, estas obras maestras se integraron en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En 2008 se realizaron las primeras inscripciones formales bajo este nuevo marco, y desde entonces cada año el Comité Intergubernamental evalúa nuevas candidaturas presentadas por los Estados Parte.

Junto a la Lista Representativa, la Convención contempla la Lista de Salvaguardia Urgente del Patrimonio Cultural Inmaterial, donde se integran las tradiciones más amenazadas, y el Registro de buenas prácticas de salvaguardia, que recoge programas y proyectos ejemplares. Además, la UNESCO anima a elaborar inventarios nacionales y regionales para identificar el PCI presente en cada territorio.

Para inscribir un elemento en la Lista Representativa, los Estados deben demostrar, entre otros requisitos, que se trata de un patrimonio cultural inmaterial tal y como lo define la Convención (criterio R.1), que su inscripción contribuirá a la visibilidad del PCI y al diálogo intercultural (R.2), que existen medidas de salvaguardia previstas o en marcha (R.3), que la comunidad implicada ha participado y ha dado su consentimiento libre, previo e informado (R.4), y que el elemento figura en un inventario oficial de patrimonio inmaterial (R.5).

En el caso de la Lista de Salvaguardia Urgente, se añaden criterios específicos (U.2 y U.3, entre otros) que obligan a justificar por qué el elemento corre un riesgo serio de desaparición y qué tipo de medidas inmediatas se prevén para garantizar su continuidad. También aquí es imprescindible la participación activa de las comunidades portadoras y su consentimiento informado.

El registro de buenas prácticas y sus criterios

Más allá de las listas de elementos, la Convención de 2003 dedica el artículo 18 a la selección periódica de programas, proyectos y actividades de salvaguardia que se consideran buenas prácticas. El objetivo es que estos ejemplos sirvan como modelos replicables en otros contextos y que se conviertan en plataformas para el intercambio de experiencias.

Para que una iniciativa sea incluida en este registro, debe cumplir varios criterios. En primer lugar, tiene que constituir una auténtica medida de salvaguardia en el sentido del artículo 2.3 de la Convención (criterio 1). También se exige que la experiencia pueda servir de modelo a nivel subregional, regional o internacional (criterio 2) y que se haya desarrollado o se vaya a desarrollar con la participación efectiva de las comunidades implicadas y su consentimiento informado (criterio 3).

Asimismo, es necesario que el programa haya demostrado su eficacia en la mejora de la viabilidad del PCI, o que existan razones fundadas para pensar que lo hará (criterio 4), que favorezca la coordinación de esfuerzos de salvaguardia en distintos niveles territoriales (criterio 5) y que refleje fielmente los principios y objetivos de la Convención (criterio 6).

Otros criterios apuntan a la voluntad de los Estados, organismos de implementación y comunidades de cooperar en la difusión de estas buenas prácticas (criterio 7), a que la iniciativa sea susceptible de evaluación (criterio 8) y a que responda especialmente a las necesidades de los países en desarrollo (criterio 9). Se trata, por tanto, de un instrumento pensado no solo para reconocer proyectos exitosos, sino para impulsar redes de colaboración en torno al patrimonio inmaterial.

Reparto geográfico y sesiones del Comité Intergubernamental

La UNESCO organiza la información sobre patrimonio cultural inmaterial por regiones geográficas (África; América Latina y el Caribe; Asia y Pacífico; Estados árabes; Europa y América del Norte), teniendo en cuenta particularidades como la pertenencia de Canarias o Hawái a determinadas áreas. Cada región cuenta con listados específicos de elementos inscritos en las distintas listas.

El Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial se reúne periódicamente en sesiones ordinarias y extraordinarias para tomar decisiones sobre las candidaturas presentadas, la inclusión de nuevos elementos en las listas, la selección de buenas prácticas y el seguimiento de la aplicación de la Convención.

Desde 2006, estas sesiones se han celebrado en una amplia diversidad de ciudades -Argel, Tokio, Estambul, Abu Dabi, Nairobi, Bali, Bakú, Bogotá, Rabat, entre muchas otras- y en la propia sede de la UNESCO en París. Cada reunión supone un encuentro clave entre Estados, expertos y comunidades para valorar la situación del PCI a escala mundial y acordar nuevas inscripciones y medidas de salvaguardia.

Además, la agenda del Comité no se limita a la mera gestión de listas. Incluye también la definición de criterios y procedimientos, la revisión de directrices operativas y la puesta en marcha de mecanismos de asistencia internacional, especialmente pensados para apoyar a países y comunidades con menos recursos.

Todo este entramado contribuye a que la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial no dependa solo de la buena voluntad ocasional, sino que se articule en torno a compromisos internacionales formales, instrumentos técnicos y dinámicas de cooperación a largo plazo.

El patrimonio cultural inmaterial en el marco jurídico español

En el caso de España, el reconocimiento del patrimonio inmaterial se ha ido consolidando sobre la base de un marco constitucional particularmente receptivo a la diversidad cultural. El Preámbulo de la Constitución de 1978 menciona expresamente las culturas, tradiciones, lenguas e instituciones de los pueblos de España, y el artículo 3.3 declara que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas es un patrimonio cultural objeto de respeto y protección especial.

El artículo 46 amplía la noción de “patrimonio histórico y artístico” para hablar de patrimonio histórico, artístico y cultural, abriendo la puerta a esa concepción más amplia que incluye la cultura inmaterial. Y el artículo 149.1.28.ª atribuye al Estado la competencia sobre la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación.

La Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español, fue el primer gran texto legal estatal que incorporó de forma explícita el patrimonio etnográfico como ámbito específico de protección. En su artículo 46 habla de los bienes muebles e inmuebles y de los conocimientos y actividades que han sido expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español en sus aspectos materiales, sociales o espirituales, y el artículo 47 remarca la protección de aquellos conocimientos o actividades basados en modelos y técnicas tradicionales de una comunidad.

Posteriormente, todas las Comunidades Autónomas han aprobado normas propias en materia de patrimonio cultural o histórico donde se regula, con denominaciones y matices diversos, la protección de los bienes inmateriales. Además, la Ley 18/2013, sobre la Tauromaquia como patrimonio cultural, encargó al Gobierno impulsar las reformas necesarias para incorporar los mandatos de la Convención de 2003 al ordenamiento español.

Un paso clave fue la aprobación de una ley específica sobre patrimonio cultural inmaterial, concebida como norma de “tratamiento general” que fija un marco común: definición básica de PCI, principios y derechos implicados, creación de instrumentos como el Inventario General del Patrimonio Cultural Inmaterial y el Plan Nacional de Salvaguardia, y determinación de las grandes líneas de actuación en ámbitos como la educación, los medios de comunicación o los centros culturales.

Competencias, concurrencia y defensa frente a la expoliación

El régimen competencial en materia de cultura en España es complejo y singular. La Constitución reconoce un sistema de concurrencia de competencias en el que tanto el Estado como las Comunidades Autónomas tienen encomendada la promoción y preservación de los valores culturales.

El Tribunal Constitucional ha aclarado que el Estado puede aprobar normas de tratamiento general en materia de patrimonio cultural, y que debe además cumplir el mandato del artículo 149.2, que le obliga a considerar el servicio de la cultura como deber y atribución esencial, así como a facilitar la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas “de acuerdo con ellas”.

En el ámbito concreto del patrimonio inmaterial, esto se traduce en la posibilidad de que el Estado destaque determinadas “Manifestaciones Representativas del Patrimonio Cultural Inmaterial” que encarnen valores compartidos por el conjunto de la ciudadanía o que tengan una dimensión supraautonómica, sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas puedan, a su vez, reconocer esas mismas expresiones en sus propios catálogos y con sus propias categorías.

La defensa frente a la expoliación adquiere en el caso del PCI matices específicos. No se trata tanto de evitar la salida física de objetos, como ocurre con el patrimonio material, sino de impedir que determinadas actuaciones conduzcan a la pérdida de la función social de las prácticas culturales o a su desnaturalización. Para ello, la normativa contempla, siguiendo la lógica de la UNESCO, mecanismos como la inclusión temporal de elementos en listas de patrimonio inmaterial en peligro cuando no cuentan con protección suficiente.

Respecto a la exportación, el enfoque también es distinto. El patrimonio inmaterial por naturaleza se comparte y circula, y muchas tradiciones viajan con las personas migrantes o se difunden por intercambios culturales. La intervención estatal se justifica solo cuando la salida de determinados soportes materiales esenciales (instrumentos, documentos, espacios clave) pueda imposibilitar o distorsionar gravemente la práctica por parte de la comunidad de origen.

En este entramado, las decisiones del Tribunal Constitucional han insistido en que la competencia estatal para defender el patrimonio cultural español se extiende a la totalidad de las manifestaciones culturales inmateriales presentes en el territorio, incluidas aquellas propias de comunidades autónomas o de otros grupos, siempre desde una lógica de coordinación y respeto a las competencias autonómicas.

Al final, todo este edificio jurídico y político persigue un objetivo compartido: garantizar que las prácticas, saberes y expresiones que dan sentido a la vida colectiva en barrios, pueblos, regiones y países sigan vivos, se transmitan y puedan dialogar entre sí en un contexto global cada vez más interconectado.

El patrimonio cultural inmaterial actúa, así, como un hilo que enlaza pasado, presente y futuro, y como una caja de herramientas simbólicas con la que las comunidades pueden reconocerse, reinventarse y relacionarse con otras culturas sin renunciar a su propia voz.